Después de años de lucha de las familias y organizaciones, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley N°26.657. Por qué falla la norma vigente y cómo impactaría la iniciativa en los pacientes si el Congreso la aprueba.
Una deuda histórica. Desde hace años, familias de personas con padecimientos mentales y organizaciones reclaman la modificación o sanción de una nueva ley de salud mentalque responda a la problemática real y mejore efectivamente su calidad de vida.
La normativa fue sancionada en noviembre de 2010 y, en su momento, fue considerada de avanzada a nivel internacional. Pero a 15 años, las fallas en su implementación, la falta de presupuesto y la crisis grave de salud mental en la Argentina mostraron la necesidad de buscar soluciones a una cuestión que cada vez se profundiza más.
En ese contexto, el Gobierno anunció que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley N° 26.657, con el objetivo de modificar los procesos de internación y “clarificar” los conceptos a las necesidades actuales.
Sin embargo, para los especialistas, la iniciativa no apunta a mejorar la situación de fondo. “No es que la ley no sirva, el problema es que no se aplica como corresponde”, sintetizaron.
Criterios en las internaciones, cambios de conceptos y actualización de los registros: las principales modificaciones que impulsa el Gobierno
De acuerdo a lo que anticipó el Ministerio de Salud, el proyecto apunta a superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia y plantea la necesidad de reenfocar algunos criterios, basados en la situación actual.
Uno de los puntos más fuertes tiene que ver con la internación involuntaria y el cambio sobre el concepto “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.
“Este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. Por este motivo, la propuesta propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento”, explicaron.
De esta manera, plantearon que en casos de urgencias un médico psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria de manera inmediata, aunque esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, se propone ampliar de 10 a 24 horas el plazo para notificar a la Justicia.
Otra de las cuestiones está vinculada, según marcó el Ejecutivo, a la implementación desigual de la ley vigente. De las 23 provincias, solo 16 adhirieron formalmente a la normativa y apenas 18 cuentan con servicios de salud mental en hospitales generales, mientras que 20 disponen de camas de internación. “Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio”, argumentaron en la cartera que conduce Mario Lugones.
En ese marco, consideran que el modelo impulsado por la ley actual -centrado en la desinstitucionalización y el cierre de los monovalentes- enfrenta limitaciones concretas: “Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada. Episodios graves en hospitales generales (Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen) reflejan estas limitaciones en casos complejos“.
Frente a este escenario, el proyecto busca implementar el fortalecimiento de una red de atención organizada por niveles de complejidad. Esto incluye desde hospitales especializados hasta servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas.
También propone modificar el uso del término “padecimiento mental”, porque creen que es “demasiado amplio para la práctica clínica”, y adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), para incorporar el concepto de “trastornos mentales”.
Por otro lado, quieren fortalecer los sistemas de información, puntualmente el Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (Resam) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes) para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes, y mejorar la planificación del sistema; además de ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión.
Cuáles son las principales fallas de la ley de salud mental actual
A 15 años de su sanción, la Ley de Salud Mental enfrenta duras críticas por las fallas estructurales en su implementación. Aunque el texto se creó bajo una mirada humanista y una atención basada en la comunidad, la realidad muestra que los dispositivos necesarios para que el sistema funcione nunca llegaron a concretarse de manera efectiva, dejando tanto a pacientes como a familias en un laberinto de desprotección.
El foco de la mayor controversia está en el Artículo 20, que regula las internaciones involuntarias. La norma exige que, para internar a alguien contra su voluntad, debe existir un “riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros”.En la práctica, esto obliga a que la persona deba estar en un momento crítico para que el sistema de salud pueda intervenir legalmente.
Para quienes defienden la ley, el nudo del conflicto no es la restricción a las internaciones, sino la ausencia de una red de apoyo. La norma prometía centros de atención primaria, hospitales generales con camas de salud mental, casas de medio camino y sistemas de atención domiciliaria. Sin embargo, defensores y críticos coinciden en algo: esa red de contención comunitaria simplemente no existe, lo que deja como única respuesta posible las internaciones.
La desfinanciación es el otro gran punto. Según la ley, el presupuesto para salud mental debería representar el 10% del total de Salud, tanto en Nación como en las provincias. Pero un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que en la última década esa cifra nunca superó el 2,7% y, en la mayoría de los años, ni siquiera llegó al 2%.
Hay una crítica fuerte también sobre la falta de datos actualizados.La normativa establece que debe realizarse un censo nacional cada dos años en todos los centros de internación públicos y privados. Sin embargo, en 15 años, se hizo uno solo (en 2019).La ley, además, prohibía la creación de nuevos neuropsiquiátricos y fijaba el 2020 como fecha límite para su cierre definitivo por considerarlos estigmatizantes.
En cuanto al procedimiento para las internaciones, actualmente es algo burocrático y multidisciplinario. Se requiere la firma de al menos dos profesionales (uno de ellos psicólogo o psiquiatra) y la notificación obligatoria a un juez y al Órgano de Revisión (OR). Aunque se busca que la internación sea la última instancia y por el menor tiempo posible, la falta de acceso a tratamientos tempranos y preventivos hace que el 90% de las internaciones actuales terminen siendo involuntarias y críticas, así lo informó el último reporte del OR.
Qué dicen los especialistas sobre el proyecto de ley
Para los especialistas, el nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno no apunta a resolver las falencias del sistema, sino a correr el eje del debate público y avanzar con nuevos recortes en el área.
“Estoy persuadido de que la Ley de Salud Mental, más que para modificar, tiene todo por implementar. El problema no es la norma, sino la inercia de la no decisión política y la falta sistemática de inversión”, sostuvo Luciano Grasso, psicólogo y exdirector nacional de Salud Mental, en diálogo con TN.
En la misma línea, el presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), Alberto Trímboli, expresó su desconcierto: “Mi primer análisis es de sorpresa. En un contexto en el que se recortan recursos al Hospital Bonaparte, al Garrahan, a los dispositivos de Sedronar y a áreas vinculadas a la discapacidad, resulta difícil comprender el anuncio de una ‘nueva ley de salud mental’ supuestamente orientada a las familias”.
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Fuente: TN
